El Señor Juan Javier Amaya afirma de manera radical, que “la gestión de la nueva mesa directiva es determinante y constante en la búsqueda de soluciones para llevar a la mesa de trabajo ante el Ministro de Transportes, en beneficio de la recuperación económica del gremio”.
Precio de combustibles:
“En el transcurso de las negociaciones con el Gobierno durante la inmovilización, se buscó insistentemente reducir el precio de los combustibles y se esperaba que el logro alcanzado superara los $1400 por galón, sin embargo, como salida importante y para mermarle fuerza a las reclamaciones hechas por los directivos de la ACC, el Estado bajó tan solo $400 por galón. Cuando se hizo el primer acuerdo, el precio del petróleo era alto, se manejaban US$59 por barril, después, cuando ese valor bajó, todos empezamos a perder y ya no se permitió el acceso a la modificación del acuerdo”.
La Frontera:
“Tema importantísimo es el fronterizo, porque según el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena, en las fronteras se debe hacer el enganche o trasbordo de las mercancías. En los puntos terminales como Ecuador y Venezuela, no se cumplen estos acuerdos, debido a que nuestros vecinos pueden adquirir su combustible a precios bajos allá y aquí hacen su agosto prestando el servicio con precios muy bajos, lo cual solo puede calificarse de competencia desleal y el Estado colombiano no hace nada. Las consecuencias son las pérdidas que deben asumir nuestros compatriotas, ya que están obligados a trabajar por al precio que les quieran pagar las empresas. Siempre hemos insistido en reclamarle al Estado que haga cumplir la tabla de fletes y a pesar de las denuncias nunca se ha visto una resolución sancionatoria proferida por el Ministerio de Transportes”.
Limitaciones:
“Los precios de los combustibles en las fronteras no permiten ningún acuerdo o estrategia que favorezca al transportador colombiano. De Barranquilla a Bogotá, dice la tabla de fletes, se deben reconocer $123.723 por tonelada transportada, pero muchas veces, después de pasar hasta quince días sin lograr que se les pague lo justo, los conductores tienen que enganchar su carga por $85.000 por tonelada y trabajando con las pérdidas que se deducen fácilmente. Esto sucede a diario en todos los terminales de carga y la diferencia es aún más marcada en la frontera. Son muchas las denuncias que se han realizado ante el Ministerio por el manejo abusivo que le dan las empresas a la tabla de fletes, ya que los transportadores tienen que operar a pérdida”.
Superpoblación de camiones:
“En materia de camiones la sobreoferta que existe en el país es grande. El gremio en general pide reiteradamente al Estado colombiano, que se aplique manejo adecuado al tema de la chatarrización y a la gradual reposición hasta que se equilibre la sobreoferta. La adjudicación sin medida de cupos para carros nuevos ha permitido que estemos inundados de ellos en el mercado”.
Las Financieras:
La crisis económica a la que se vienen sometiendo todos los propietarios de camiones por las causas expuestas, no les ha permitido ponerse al día con los bancos. “Con esta situación y debido a la capacidad de pago que presentan, las entidades financieras califican a los transportadores como <cartera de alto riesgo>. Muchas de ellas están <ejecutando> a los propietarios que se han venido atrasando en sus obligaciones debido a la crisis por la que atraviesan. Se ha pedido al Estado mediar para que se permita renegociar las deudas de manera que puedan cumplir, aún con las dificultades que presentan por concepto de ingresos “.
Una de las soluciones:
“La solución se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, lo que ha pedido la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, varios congresistas, el Contralor General de la República Julio Cesar Turbay y todos los trasportadores: aplicar los precios reales y deshacer el fondo del combustible que creó el Estado ya que es inconstitucional, según dice Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda”.
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